DISCURSO LEY AGRARIA

LEY AGRARIA EN EL PERÚ: ENTRE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA JUSTICIA SOCIAL

Buenas tardes con todos los presentes

Hablar de la Ley Agraria en el Perú implica analizar uno de los temas más importantes dentro de la realidad económica, social, política y constitucional del país. La agricultura no solo representa una actividad productiva destinada al comercio o a la exportación; constituye también una parte esencial de la historia peruana y de la vida de millones de ciudadanos que dependen directamente del trabajo de la tierra. Cuando hablamos del sector agrario, hablamos del alimento que llega diariamente a nuestras mesas, del esfuerzo de miles de familias campesinas y del papel estratégico que cumple el campo en el desarrollo nacional. 

Desde tiempos prehispánicos, el territorio peruano destacó por el desarrollo de una agricultura altamente organizada. Civilizaciones como la incaica lograron construir complejos sistemas de irrigación, andenería y administración agrícola que permitieron aprovechar de manera eficiente los distintos pisos ecológicos del territorio. La agricultura, en aquel entonces, no era vista únicamente como una actividad económica, sino como una forma de organización social y comunitaria. Existía una relación estrecha entre el trabajo colectivo, la distribución de recursos y la supervivencia de la población. Posteriormente, durante la etapa colonial y republicana, el sistema agrario peruano experimentó profundas transformaciones. La concentración de tierras y el surgimiento de grandes haciendas generaron marcadas desigualdades sociales. Durante muchos años, enormes extensiones de tierras estuvieron concentradas en pocas manos, mientras miles de campesinos trabajaban en condiciones precarias y sin acceso adecuado a la propiedad.

 Esta situación originó conflictos sociales y demandas históricas de reforma agraria. Precisamente por ello, uno de los acontecimientos más importantes en la historia agraria peruana fue la Reforma Agraria impulsada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. La Reforma Agraria tuvo como principal objetivo eliminar el sistema de haciendas y redistribuir la propiedad de la tierra. Su lema más recordado fue: "La tierra para quien la trabaja". Dicha reforma representó un cambio histórico dentro de la estructura agraria peruana. Se buscó terminar con las desigualdades existentes y otorgar mayores oportunidades a campesinos y trabajadores agrícolas. Sin embargo, también surgieron diversos problemas relacionados con la productividad, la administración de tierras y la eficiencia económica del sector. Con el paso de los años, especialmente durante la década de 1990, el Perú adoptó un nuevo modelo económico orientado a la apertura de mercados y al fortalecimiento de la inversión privada.

Dentro de ese contexto surgió la denominada Ley de Promoción del Sector Agrario. Esta ley tuvo como finalidad principal incentivar la inversión privada en el sector agrícola, fortalecer la agroexportación y convertir a la agricultura en uno de los motores del crecimiento económico nacional. El Estado consideró que el sector agrario necesitaba condiciones especiales debido a las dificultades propias de la actividad agrícola, como la dependencia climática, la necesidad de infraestructura, el riesgo económico y las variaciones de producción. Por ello, se establecieron beneficios tributarios, facilidades laborales y mecanismos orientados a reducir costos para las empresas agrícolas. El objetivo era claro: atraer inversiones, ampliar áreas de cultivo, incrementar exportaciones y generar empleo formal en el sector rural. Gracias a estas políticas, el Perú experimentó un importante crecimiento agroexportador.

 Productos peruanos como uvas, espárragos, arándanos, paltas y mangos comenzaron a posicionarse exitosamente en mercados internacionales. Regiones como Ica, Trujillo y Piura se convirtieron en importantes centros de desarrollo agrícola y exportador. Asimismo, se ejecutaron proyectos de irrigación que permitieron ampliar considerablemente las áreas cultivables, especialmente en la costa peruana. Desde una perspectiva económica, muchos especialistas consideran que la Ley Agraria contribuyó al crecimiento del producto interno bruto, al incremento de exportaciones y a la generación de miles de puestos de trabajo. La agroexportación peruana pasó a convertirse en una de las actividades económicas más dinámicas del país. Sin embargo, junto con el crecimiento económico también aparecieron importantes críticas respecto al funcionamiento del régimen agrario.

Diversos sectores sociales comenzaron a cuestionar si el crecimiento económico estaba siendo acompañado por una adecuada protección de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. Uno de los temas más discutidos fue precisamente el régimen laboral agrario. Muchos trabajadores denunciaban condiciones laborales precarias, largas jornadas de trabajo, dificultades para acceder a estabilidad laboral y remuneraciones consideradas insuficientes. Asimismo, se cuestionaba que el régimen especial otorgaba mayores beneficios a las empresas que a los propios trabajadores del campo. Estas críticas fueron creciendo con el paso de los años hasta alcanzar un punto especialmente crítico en el año 2020. Durante ese periodo se produjeron importantes protestas agrarias en distintas regiones del país, principalmente en Ica y La Libertad. Miles de trabajadores agrícolas bloquearon carreteras y realizaron manifestaciones exigiendo mejores condiciones laborales, incremento salarial y la derogación del régimen agrario vigente. Las protestas tuvieron un fuerte impacto social y político.

Por un lado, evidenciaron la importancia económica del sector agroexportador; pero, al mismo tiempo, mostraron que existían profundas tensiones sociales relacionadas con la distribución de beneficios y la protección de derechos laborales. Muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si realmente el crecimiento económico estaba llegando de manera equitativa a quienes realizaban el trabajo agrícola. Como consecuencia de estas protestas, el Congreso de la República derogó la anterior Ley de Promoción Agraria y aprobó una nueva normativa orientada a modificar aspectos laborales y tributarios del sector. Este episodio demuestra que ninguna política económica puede sostenerse únicamente sobre indicadores de crecimiento si no existe también legitimidad social. Desde una perspectiva constitucional, la discusión sobre la Ley Agraria resulta especialmente relevante porque involucra diversos principios fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Perú. Por un lado, nuestra Constitución reconoce la libertad de empresa, la iniciativa privada y la economía social de mercado. El Estado tiene el deber de promover actividades productivas capaces de generar inversión, empleo y crecimiento económico.

Sin embargo, la propia Constitución también reconoce que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, protege derechos fundamentales vinculados al trabajo, igualdad, remuneración justa y protección frente a condiciones laborales abusivas. Precisamente allí surge uno de los principales debates alrededor de la Ley Agraria: cómo lograr un equilibrio adecuado entre competitividad económica y justicia social. No puede existir verdadero desarrollo económico si el crecimiento se produce sacrificando la dignidad humana. Pero tampoco puede ignorarse que la inversión privada cumple un papel importante dentro del desarrollo nacional. Por ello, el verdadero desafío consiste en construir un modelo agrario equilibrado, donde exista productividad económica pero también respeto pleno a los derechos fundamentales. 

Además, es importante señalar que la discusión agraria no debe limitarse únicamente a las grandes empresas agroexportadoras. En el Perú existen millones de pequeños agricultores que enfrentan enormes dificultades para desarrollar sus actividades productivas. Muchos campesinos carecen de acceso adecuado a tecnología, créditos, sistemas de riego, asistencia técnica y mercados competitivos. En diversas zonas rurales todavía persisten altos niveles de pobreza y abandono estatal. La falta de carreteras, infraestructura y apoyo gubernamental limita seriamente el desarrollo agrícola de múltiples regiones del país. Por ello, una verdadera política agraria no puede concentrarse exclusivamente en la agroexportación. También debe incluir mecanismos de apoyo para pequeños y medianos productores, quienes representan una parte fundamental del sector agrícola peruano.

Otro aspecto importante es el relacionado con la seguridad alimentaria. Un país no puede depender únicamente de exportaciones agrícolas mientras descuida la producción destinada al consumo interno. La agricultura cumple una función esencial en el abastecimiento alimentario de la población. Por ello, las políticas agrarias deben garantizar tanto competitividad económica como sostenibilidad alimentaria. Asimismo, el cambio climático representa actualmente uno de los mayores desafíos para el sector agrario peruano. Las sequías, inundaciones, heladas y fenómenos climáticos extremos afectan directamente la producción agrícola y ponen en riesgo la estabilidad económica de miles de familias. La agricultura depende profundamente de factores naturales, razón por la cual el Estado debe asumir un rol activo en la protección de recursos hídricos y en la implementación de políticas sostenibles. De igual manera, la modernización tecnológica resulta indispensable para el futuro del sector.

El desarrollo agrícola del siglo XXI exige innovación, investigación científica y mejor aprovechamiento de recursos naturales. El Perú posee enormes ventajas geográficas y climáticas; sin embargo, dichas ventajas deben complementarse con planificación estatal, inversión responsable y fortalecimiento institucional. 

En consecuencia, hablar de la Ley Agraria no significa únicamente analizar una norma jurídica. Significa reflexionar sobre el modelo de país que queremos construir. Un modelo donde el crecimiento económico vaya acompañado de justicia social, respeto a los derechos humanos y oportunidades reales para todos los ciudadanos. El desarrollo del Perú no puede construirse dejando de lado a quienes sostienen diariamente el trabajo agrícola. Los trabajadores del campo, los pequeños agricultores y las comunidades rurales forman parte esencial de la estructura económica y social del país. 

Finalmente, debemos comprender que una legislación verdaderamente eficiente no es aquella que beneficia exclusivamente al mercado ni aquella que desconoce la realidad económica, sino aquella que logra armonizar crecimiento, inversión, productividad, justicia social y dignidad humana. Ese es, probablemente, el mayor desafío que enfrenta actualmente el Perú en materia agraria. Muchas gracias.

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